¿Es posible la jubilación a los 55 años?

CAMPAÑA POR EL REPARTO DEL TRABAJO:

¿ES POSIBLE LA JUBILACIÓN A LOS 55 AÑOS?

Desde CNT-AIT podemos y debemos ofrecer una posible solución al trabajo precario y al elevado número de personas paradas con que nos encontraremos debido a la gran crisis que derivará de esta pandemia que ahora estamos sufriendo.  Y debemos hacerlo sin pérdida ni mengua de cualquier derecho social o laboral de los pocos que ahora nos quedan a la clase trabajadora, más aún si cabe después de que haya quedado patente que somos esa misma clase trabajadora sin apenas derechos quienes realmente hacemos funcionar toda la sociedad.

Repartir el trabajo significa que todas y todos podamos trabajar y que nadie se quede sin posibilidad de cubrir sus necesidades.  Trabajar menos para trabajar todas y todos no debería ser una opción sino una necesidad inmediata.  El futuro que nos espera es incierto y posiblemente miserable: millones de personas paradas van a sufrir la falta de ingresos en sus hogares y no van a poder optar a un puesto de trabajo en mucho tiempo.  Como sindicato libertario el bienestar de la clase trabajadora es una de nuestras prioridades.  Así lo ha sido a lo largo de nuestra historia de luchas, y así va a continuar siendo en un mundo cuyos sistemas favorecen cada vez más la opresión y la falta de libertades.  Ante esta situación, plantear una posibilidad del reparto del trabajo es esencial y nuestra organización así lo percibe.

No miréis estas propuestas como algo ilusorio, irreal, o poco viable.  No las veáis con la mirada del capital, del estado, la mirada con la que nos han educado para mayor beneficio del gobierno y la patronal.  Que sea vuestra mirada como la de quien contempla el horizonte que se levanta ante sus ojos y que le aguarda un nuevo y maravilloso destino, un destino mucho más justo y libre que aquél de donde viene.

Podemos llegar a ese destino, no os quepa duda.  Y con esta finalidad, con la idea de que decidáis emprender este viaje al haberos convencido de que no es ilusión sino necesidad y deber, hemos elaborado un breve estudio que, a grandes rasgos, ofrece datos concretos respecto a la reducción de la edad de jubilación en España.

EL NÚMERO DE PERSONAS EN ACTIVO DE MÁS DE 55 AÑOS

En España, el número de personas mayores de 55 años en activo, con trabajo actual, asciende a más 3.600.000.  Es una cifra que, según diferentes informes europeos y nacionales, va en aumento.  Pero al mismo tiempo, el número de personas en situación de desempleo menores de 30 años también sufre un aumento considerable continuo, siendo este crecimiento de más de 2.000.000 desde 2006 hasta situarse también en alrededor de 3.600.000 en la actualidad. 

Estas cifras se extraen del informe ‘Los trabajadores séniors en las empresas europeas”, realizado desde el Observatorio de Demografía y Diversidad Generacional de la Fundación IE con la colaboración de PeopleMatters y Sagardoy Abogados.  Según este informe, en los últimos diez años (2008-2017) el número de trabajadores mayores de 55 años en los nueve países europeos analizados por el informe ha crecido en 11,5 millones de personas, con Italia registrando el mayor incremento relativo, con un 70% más de trabajadores sénior en dicho periodo. En España, este incremento ha sido del 42%, hasta alcanzar los 3,6 millones de trabajadores con más de 55 años.  Los responsables del estudio señalan que su peso va a aumentar en la economía española en los próximos 10 años de forma significativa, lo que se traduce en un aumento considerable de trabajadoras y trabajadores con más de 55 años y en detrimento y perjuicio de las personas más jóvenes.

Si hablamos en términos de porcentajes, un informe elaborado por el Observatorio de las Ocupaciones del Servicio Público de Empleo Estatal revela cómo el número de trabajadores mayores de 55 años ha crecido un 20% durante los últimos cinco años. Una evolución que contrasta con la de los jóvenes de 25 a 34 años, que ha descendido un 14%.  Esto hace que la población activa en España tenga cada vez más edad, a la vez que la población desempleada es en su mayor parte joven.  Por otra parte, dicho crecimiento conduce hacia unas previsiones de más de 4.5000.000 de población laboral activa mayor de 55 años para los próximos 5-6 años, con el consiguiente aumento de población joven desempleada.

Pero no creamos que en períodos de crisis se va a prescindir de la gente mayor para favorecer la contratación barata de jóvenes.  Según el SEPE, “el envejecimiento de la población ocupada es un fenómeno que se ha manifestado tanto durante los años de recesión como en el período de incipiente recuperación”.

A pesar de estos datos, los organismos económicos europeos instan a los diferentes gobiernos a tomar medidas para prolongar la edad de jubilación.  En vez de realizar propuestas de jubilaciones a edades más tempranas, lo que hacen es elevar recomendaciones de lo que ellos llaman “bienestar laboral” para mayores de 60 años, planes de “tránsito hacia la jubilación”, pero eso sí, a los 70 o incluso más, de manera progresiva.

No podemos consentir que haya personas a las que, después de haber estado trabajando durante más de 40 años, no se las permita jubilarse para vivir la última etapa de sus vidas de manera digna y libre, mientras que se condena a la población más joven a verse sumida en el desempleo y vivir a costa de contratos cada vez más precarios, a comer de la caridad o de los servicios sociales o mantenerse con los sueldos y pensiones de nuestras personas mayores.

Un dato curioso es el que nombrábamos antes y es que, si bien hay más de 3.600.000 de personas de más de 55 años trabajando, hay prácticamente la misma cantidad de personas jóvenes desocupadas inscritas en el sistema público de empleo (unas 3.680.000).  Por este motivo, una de las exigencias es que cada puesto de trabajo que quede libre a causa de una jubilación sea cubierto por una persona desempleada.  De lo contrario, en muchos casos el avance de la edad de jubilación no serviría para favorecer el reparto del trabajo, pues ya conocemos cómo aprovechan muchas empresas las jubilaciones anticipadas para reducir sus plantillas.

HABLAMOS DE CIFRAS

Una parte considerable de la sociedad mide la viabilidad de las diferentes propuestas de mejora social en términos de números, de economía.  No las miden en términos de bienestar, de desarrollo personal, de ecología o de libertades: en una sociedad educada por el capitalismo de estado la clase trabajadora piensa primero en la economía del explotador, segundo en su propia economía y, por último y si cabe, en el bienestar social, en las libertades y en los derechos.  Por eso hemos creído conveniente ofrecer algunas cifras, mal que nos pese, para que se perciba en esta propuesta la viabilidad de su implantación y, además, la necesidad de ello.  Para que se vea, en definitiva, que esta propuesta no es una mera declaración ideológica de intenciones sino que es la opción más inmediata, junto con la consecución de las 25 horas semanales y la prohibición de las horas extras, para poder obtener una mejora en nuestra calidad de vida al repartir el trabajo.  Una propuesta emancipadora, al fin y al cabo, en la que la clase trabajadora tenga posibilidad de su propia manutención.

Lo primero que podría pensarse es que esta propuesta provocará un aumento del gasto social que, en principio, será difícil de asumir.  Pero ese gasto depende de las cotizaciones, es fruto del trabajo, y si bien se jubilarán casi 4.000.000 de personas, habrá otras tantas que se incorporarán al trabajo, con sus respectivas cotizaciones por una parte, y con la necesaria reducción del gasto social en subsidios y ayudas a gente parada y necesitada.

Respecto a cifras concretas, la pensión media del sistema, que comprende las distintas clases (jubilación, incapacidad permanente, viudedad, orfandad y a favor de familiares), alcanza los 934,63 euros mensuales según datos de 2019. 

Si nos acogemos a esta media, adelantar la edad de jubilación a los 55 años supondría un gasto adicional aproximado de alrededor de 45.000 millones de euros, calculando para ello una media de 14 pagas anuales.

Por otra parte, si nos fijamos en el gasto anual por prestaciones y ayudas sociales por desempleo, esta cifra va en aumento cada año y se cree que en todo 2020 alcanzará niveles de 2012, siendo ésta de 31.679 millones de euros.  Lo que se estimaba, antes de la aparición de la pandemia y del decreto del estado de alarma, es que este 2020 el gasto por desempleo superase con creces los 20.000-25.000 millones de euros, pero los primeros meses del año han dado a conocer la tendencia descrita de acercamiento a datos de 2012.  Después de esta situación de alarma y de crisis, esta cifra aumentará mucho más allá de la resultante en 2012, sin duda alguna.

Asimismo, se calcula que cada persona laboralmente activa contribuye con una media de 7000 euros anuales en concepto de cotizaciones.  Tomando como referencia únicamente la cifra de 3.600.000 nuevos puestos de trabajo, estas cotizaciones se traducen en 25.200 millones de euros que no dejarían de ingresarse puesto que, habiendo dejado de computar las nuevas jubilaciones, los nuevos puestos de trabajo generados a partir de ellas seguirían con este ritmo de cotizaciones.  Aparte hay que tener en cuenta que las pensiones por jubilación también cuentan con retenciones por IRPF.  Si le añadimos, como hemos dicho, los nuevos puestos de trabajo generados por la disminución de la jornada laboral y la eliminación de las horas extras (con el consiguiente aumento de cotizaciones), nos encontramos ante un panorama laboral y social perfectamente asumible por este estado que sólo desea una clase trabajadora explotada, necesitada y sumisa.

En resumen, estamos hablando de que si se adelanta la jubilación a los 55 años y se insta a cubrir esos puestos de trabajo con personas desempleadas, el gasto social en pensiones aumentará alrededor de 45.000 millones anuales, pero disminuirá drásticamente un gasto social por desempleo que se estimaba para este año de entre 25.000 y 32.000 millones, y que después de la situación de alarma que estamos viviendo va a suponer con toda probabilidad mucho más de estos 32.000 millones de euros. 

En otras palabras, estaremos hablando, a priori y en el mejor de los escenarios con un gasto por desempleo de 25.000 euros, de una diferencia de entre 15.000 y 20.000 millones de euros.  Repetimos que eso sería en el mejor de los escenarios, porque si se cumplen las previsiones dadas antes de esta crisis causada por el Covid-19 los cálculos nos acercaban a una cifra de gasto por desempleo y subsidios de cerca de 32.000 millones, con lo que la diferencia se reduce a unos 13.000 millones.  Sin embargo, todo augura un aumento desmesurado en el gasto por desempleos y subsidios después de la crisis que se disparará irremediablemente más allá de los 32.000 millones de euros al haber sufrido este pasado mes de marzo el mayor aumento de número de personas desempleadas de las últimas décadas y marcar un rumbo al alza en el desempleo.

La diferencia que se calcula a partir de aquí oscilaría alrededor de los 6.000-9.000 millones de euros, incluso menos si las cantidades destinadas al desempleo alcanzaran los 38.000-40.000 millones.  Puede parecer una cifra exagerada, pero si la comparamos con la aportación que, por ejemplo, hace anualmente el estado a la Iglesia y que es de más de 11.600 millones de euros, podemos comprobar cómo se trata de cantidades perfectamente asumibles si se establecen criterios y prioridades coherentes con los tiempos que vivimos.

Junto a todo ello habría de tenerse en cuenta las nuevas cotizaciones a partir de los nuevos puestos de trabajo resultantes de disminuir la jornada laboral, los ingresos derivados de las retenciones por IRPF de las nuevas jubilaciones, la reducción de otras partidas de dinero destinadas a afrontar diferentes aspectos de nuestra problemática social como ayudas contra la pobreza estructural e infantil, planes para el fomento del empleo (ayudas que con el tiempo serían cada vez menos necesarias al asegurar la manutención de las familias gracias a su propio trabajo y esfuerzo), etc.  Además… ¿qué mejor fomento del empleo que dejar que nuestras personas mayores descansen de sus obligaciones laborales para que nuestras y nuestros jóvenes tengan al fin la posibilidad de trabajar? ¿Qué mejor medidas contra la pobreza familiar e infantil que dar a esas familias un puesto de trabajo en condiciones dignas y con garantía de todos sus derechos?  ¿Qué mejores medidas para la conciliación personal, familiar y laboral que la reducción de la jornada laboral?

Resulta curioso que estas propuestas aún no se hayan llevado a cabo o que ni siquiera se hayan planteado.  La lástima es que resulta increíble desde nuestra óptica de justicia social y de reparto del trabajo y de la riqueza.  Decimos lástima, porque desde la perspectiva del Capital es precisamente lo que esta gente desea: trabajar en jornadas interminables hasta que te mueras mientras la gente joven se encuentra sumida el desempleo y en la desesperación, dispuesta así a aceptar cualquier condición laboral y cualquier pérdida de derechos con tal de poder tener unos ingresos mínimos con los que vivir.

Por supuesto y junto a las cuentas anteriores, debería resultar obvio que podríamos prescindir de, por ejemplo, el más de 1.000.000 de euros destinado única y exclusivamente al pago de dietas de diputados y senadores, que podríamos exigir también que la Iglesia pagara sus impuestos correspondientes a todas las propiedades que posee y al dinero ingresado anualmente (el cual alcanza casi los 1000 millones de euros de diferentes ingresos y actividades, a parte de los 11.600 millones de euros que percibe del estado y que hemos nombrado anteriormente), que se les podría exigir un aumento en los impuestos a las rentas más elevadas y las grandes empresas…  Pero esto son otros temas que atajaremos en el momento adecuado.

LOS CÓMPUTOS

Con las últimas reformas realizadas por Rodríguez Zapatero en su gobierno socialdemócrata se cambiaron las exigencias en las cotizaciones para poder cobrar el 100% de pensión: se aumentaba la edad de jubilación a 67 años y el cómputo para calcular la pensión pasaba de los últimos 15 años trabajados a los últimos 25.  Se decidió que estos cambios se realizarían de manera progresiva, por lo que cada año cambiarían las condiciones de cotización.

Desde el 1 de enero de 2020, la edad legal de jubilación para aquellos trabajadores que hayan cotizado menos de 37 años será de 65 años y 10 meses (hasta el 31 de diciembre de 2019 esta edad es de 65 años y ocho meses para los que hubieran cotizado menos de 36 años y nueve meses).  Si bien quienes puedan acreditar 37 años de cotización o más durante todo el próximo año podrán seguir jubilándose sin penalización ninguna a los 65 años.  En 2019 esta posibilidad ha sido para quienes hubieran cotizado 36 años y nueve meses o más.

Siguiendo esta progresión, el año que viene se ampliará el número de años cotizados para calcular la pensión de jubilación.  Este cómputo pasará a hacerse sobre los últimos 23 años de la vida laboral, mientras que en 2019 se tomaban los últimos 22 años.

Pero si adelantamos la edad de jubilación a los 55 años, estos aspectos deben modificarse para poder adecuarse a la nueva situación.  Por eso mismo exigimos que únicamente sean necesarios 25 años cotizados para poder cobrar el 100% de pensión.  Asimismo, exigimos que la pensión a percibir se calcule en base a los últimos 15 años trabajados y siempre teniendo en cuenta la revalorización de las nóminas.

Planteamos los 15 años porque, actualmente y en las condiciones laborales que vivimos, las nóminas no necesariamente sufren un aumento lineal sino que, paradójicamente, muchas nóminas disminuyen mientras vemos que la vida cada vez está más encarecida.

Al mismo tiempo, y dentro de ese cómputo de 15 años para calcular la media, pedimos también que los períodos de inactividad laboral o de baja por enfermedad computen según la  base reguladora existente tal y como se haría si ese tiempo estuviese en activo.  En estos tiempos de incertidumbre laboral y de contratos precarios es posible que a lo largo de los últimos 15 años de la vida laboral de una persona, gran parte de ese tiempo se haya estado viviendo una situación de desempleo con poca o ninguna percepción de ingresos, o que la persona haya sufrido alguna baja prolongada por enfermedad.  Si este punto no se resuelve afectaría negativamente a la baja en el cálculo de la cantidad a percibir, pues esas mensualidades con escasos o nulos ingresos con los que cotizar disminuirían la media de todos esos 15 años laborales.

RESUMEN DE LA PROPUESTA

Después de haber ofrecido datos y explicaciones al respecto, pasamos a resumir los puntos principales en los que basamos nuestra propuesta:

·         Jubilación a los 55 años, obligando a las empresas a cubrir los puestos de trabajo con nuevas incorporaciones.

·         Reducción de los años cotizados necesarios para cobrar el 100% de pensión a 25, de los más de 36 que se requieren ahora mismo.

·         Cálculo de la pensión en base a los últimos 15 años trabajados.

·         Mantenimiento de la revalorización de las cotizaciones más antiguas en el cómputo de los últimos 15 años.

·         Cotización según base reguladora de los períodos de desempleo o de baja laboral por enfermedad u otras causas para realizar el cómputo de los últimos 15 años.

VIABILIDAD DE LAS PROPUESTAS

Con todo lo anterior, queremos insistir en la viabilidad.  Pero no en la viabilidad para el mantenimiento de un sistema opresor y su falso sueño de “estado del bienestar”.  Es la viabilidad de la vida digna para la clase trabajadora aquella por la que apostamos.  Es su dignidad, su sustento, su firmeza y seguridad en que no le va a faltar puesto de trabajo con el que alimentarse ni con el que alimentar a sus familias, aquello que defendemos.  Es el posicionamiento de una clase trabajadora con suficiente seguridad en su situación laboral como para que obligue a la patronal a negociar las condiciones de su trabajo, porque estando fuera del peligro de la pobreza se verá con fuerzas para exigir el cumplimiento sin discusión de todos y cada uno de sus derechos, así como la conquista de nuevas mejoras.

Queríamos que la clase trabajadora a la que nos dirigimos viera esta propuesta con la misma claridad y necesidad que nosotras y nosotros, y este es el motivo por el que hemos realizado este pequeño informe.  Debemos ser convincentes y eliminar en el Pueblo todo atisbo de duda generada por parte del estado y de la patronal.  Su sistema sí que es viable trabajando menos, es viable con jornadas de 25 horas, es viable sin horas extras y con jubilación a los 55 años.  

Esperamos y creemos que estas propuestas de reparto del trabajo, junto con la autogestión de las empresas que vayan a cerrar las puertas, contribuirán positivamente al bienestar de la clase trabajadora y al desarrollo y consecución de su dignidad y derechos como trabajadoras y trabajadores.  Más que ser viable económicamente, es necesario moral y socialmente.

Esto son solamente pequeños avances en los derechos de una clase trabajadora que desarrolla su vida en el marco de su sistema capitalista y burgués, sea socialdemócrata o sea conservador, pero somos conscientes de que lo único que es realmente viable para la clase trabajadora es la abolición de la propiedad privada, del trabajado asalariado y del sistema de clases con sus relaciones de poder y de autoridad.  Mientras tanto, procuremos unas condiciones de vida que le permitan perder todos los miedos y temores que actualmente la condicionan a la sumisión y resignación.

Exijamos el reparto del trabajo para repartir la riqueza: por las 25 horas semanales, por la jubilación a los 55 años y por la eliminación de las horas extraordinarias.

¡REPARTAMOS EL TRABAJO, NO LA MISERIA!

CNT-AIT LA SAFOR